Durante la décima tercera Sesión del Segundo Período Ordinario del Congreso del Estado de Coahuila, la Diputada de morena, Lizbeth Ogazón, presentó una proposición con punto de acuerdo con motivo de enviar un atento exhorto al Congreso del Estado a acatar con carácter de urgente las sentencias a acciones de Inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se realicen a la brevedad las modificaciones según lo resuelto con el fin de no dejar a la deriva los derechos de los ciudadanos.
La coordinadora de la bancada de Morena, recalcó que ha sido muy insistente en que se legisle conforme a las sentencias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero señaló que curiosamente es algo que al Congreso de Coahuila parece no preocuparle en lo más mínimo.
“La causa penal 1985/2019 quizá no nos resuene por su número de identificación, así que permítanme poner en contexto los hechos de forma breve: La causa se centra en el relato de un niño del kínder Guadalupe Borja, el pequeño sostiene la siguiente premisa: “Ya no fue al kínder porque le hicieron daño a él y a su hermanito”. No creo que tenga que decir más para que podamos entender a dónde va esto. Se formuló acusación en contra de los imputados por el delito de VIOLACIÓN IMPROPIA POR ELEMENTO DISTINTO AL NATURAL EN PERSONA MENOR DE QUINCE AÑOS, AGRAVADA POR COMETERSE CON ABUSO DE AUTORIDAD Y POR COMETERSE EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA” manifestó.
Aunado a lo anterior, la legisladora explicó que uno de los numerales en los que se sostenía la imputación fue declarada inconstitucional por la corte bajo la acción de inconstitucionalidad 53/2019, siendo así la opción al momento reclasificar a ABUSO SEXUAL COMETIDO EN PERSONA MENOR DE QUINCE AÑOS, AGRAVADA POR COMETERSE CON ABUSO DE AUTORIDAD Y POR COMETERSE EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
“Si el Congreso hubiera acatado la sentencia con urgencia e inmediatez, se hubiera condenado el hecho como lo que fue; una violación y no un abuso sexual.
Podrán preguntarse ¿Y si de todos modos están condenados los responsables cuál es el problema? El problema son 6 años de diferencia en la pena. En lugar de 12 años recibieron sólo 6, y esto gracias a los vacíos legales, a la omisión legislativa, al lento proceso de acatar sentencias, al indolente pretexto de la burocracia” expuso.
En ese sentido, Ogazón cuestionó lo siguiente:
“¿Por qué cuesta tanto acatar sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de forma urgente? ¿Por qué ante sentencias provenientes de los Tribunales del Poder Judicial se mueven rápidamente cielo, mar y tierra para cumplir con lo dictado? ¿De qué otra manera debo hacer notar al Congreso que ignorar el modificar nuestro marco jurídico es algo gravísimo?”
La Diputada Lizbeth Ogazón, externó que “no hay voluntad en el Congreso de Coahuila”, ya que considera que detener y obstaculizar derechos con pretextos burocráticos es ridículo y se traduce a no querer trabajar en el reconocimiento de derechos.
“¿Qué clase de legisladores quieren ser? Hay que ponernos a trabajar y a modificar con carácter de urgente todo lo que en nuestra legislación se haya trastocado por sentencias de autoridades competentes. Mientras NO EXISTA VOLUNTAD este congreso seguirá siendo mediocre con su legislación, inmutable ante sentencias e indolente con las víctimas” finalizó.